Existen distintos tipos de visa o permisos para tales efectos, siendo la visa sujeta a contrato una de las más comunes y utilizadas para permitir que un extranjero resida y realice actividades remuneradas en Chile.

La visa sujeta a contrato requiere que empleador y trabajador extranjero suscriban un contrato de trabajo. Este contrato debe contar con todas las menciones obligatorias que establece el Código del Trabajo y, adicionalmente, con ciertas menciones especiales que resultan aplicables sólo a las personas extranjeras.

En concreto, los contratos de trabajo que se suscriban con personal extranjero deben contener las cuatro cláusulas referidas a: vigencia del contrato de trabajo, pago del impuesto a la renta, obligación del empleador de costear el retorno del extranjero y situación previsional del trabajador. Esta última cláusula incluye la posibilidad de excluir al extranjero de cotizar en Chile cuando se acredite que se trata de personal técnico o profesional y que se encuentra afiliado a un régimen social fuera de Chile (ley Nº18.156). Para acreditar lo anterior, se debe solicitar al trabajador una copia de su título profesional o técnico y el certificado de afiliación al organismo extranjero de seguridad social. En caso que el extranjero cumpla los requisitos para no cotizar en Chile, sólo podrá acceder a los beneficios derivados del sistema de cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que son de cotización obligatoria para el empleador.

Es importante tener en consideración que el contrato de trabajo que sirve de base para el otorgamiento de una visa sujeta a contrato permite desempeñar actividades remuneradas al extranjero exclusivamente con el empleador con el cual suscribió el contrato. Esto implica que este tipo de visa caduca desde el momento en que se pone término a la relación contractual por cualquiera de las partes. Ocurrido ello, el extranjero tiene 30 días para presentar una nueva solicitud de residencia.

Su regulación se encuentra contenida en el Decreto Ley Nº1.094 del año 1975 y el decreto Supremo Nº 597 del año 1984.